El pacto constitucional como coartada.
PSOE y PP han decidido que pactarán una reforma constitucional sobre la limitación del endeudamiento en las cuentas públicas.
El cuanto y en que hay que gastar el dinero de los ciudadanos es una decisión que debe de tomar cada gobierno. Es su trabajo, y está legitimado para ello por el proceso electoral. También es su responsabilidad, y lo acertado o erróneo de su actuación es juzgado por las urnas al finalizar su mandato.
También la decisión de endeudarse es una decisión política. Decidir si un gasto es necesario porque beneficiará el país de cara al futuro, aunque eso suponga un endeudamiento actual, es una decisión que el gobernante debe tomar. Renunciar a un gasto por creer que más endeudamiento sería perjudicial también es su responsabilidad, aunque la labor realizada con ese gasto pudiera ser atractiva o deseable.
Son decisiones políticas de las que los gobernantes deben responsabilizarse.
Ahora quieren pactar una reforma que legalmente les impida tomar esa decisión más allá de un límite, es decir, que les exima de la responsabilidad de la decisión de no gastar más.
Quieren un mecanismo que les libre de hacer su trabajo, que es convencer a los ciudadanos de que sus decisiones son acertadas, aunque puedan resultar desagradables.
Los dos partidos saben que harán reformas que serán desagradables para la ciudadanía, así que, en vez de hacer política, explicar y convencer, usarán la constitución como coartada. Cuando decidan no gastar no serán ellos los responsables, se lavarán las manos y dirán: "nos obliga la constitución".
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